Un informe de la oficina guardiana de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) advierte sobre un posible “peligro para la vida y la integridad de la comunidad judía de Venezuela” debido a las violaciones de los derechos políticos y humanos de sus ciudadanos de parte del régimen de Hugo Chávez.
En un largo informe publicado en febrero último, la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (CIDDH) acusó al gobierno de Venezuela de fomentar una atmósfera de “intolerancia política” y “un clima de hostilidad contra la libertad de disentir”.
Critica la “inseguridad ciudadana” que prevalece en el país y condena severamente “la constante impunidad ante violación de derechos humanos”, incluso en casos de mala conducta de parte de la policía, abuso de autoridad, y hasta por torturas.
La CIDDH, con sede en Washington, es un órgano de la Organización de Estados Americano que supervisa e investiga la violación de derechos humanos entre las que forman parte del movimiento internacional dedicado a defenderlos.
La información sobre la situación de la comunidad hebrea proviene en parte de fuentes gubernamentales de Venezuela, y en parte de organizaciones judías preocupadas por la situación, como B´nai Brith Internacional y la Coalición de Asuntos Judíos – Amja, una red con sede en los Estados Unidos que aboga “en nombre de judíos en peligro”.
En el párrafo 780 del informe, que se puede ver online en el portal de la CIDDH, esa Comisión expresa “preocupación” debido a noticias acerca de que la comunidad judía de Venezuela es especialmente afectada por incidentes violentos”.
El informe da cuentas de un discurso antisemita en los medios de comunicación, y de parte de funcionarios del Estado, combinados con actos de vandalismo y una “inexplicada irrupción” de la policía venezolana. Estos incidentes, concluye, contribuyen a “crear un clima de intimidación y violencia contra la comunidad judía de Venezuela.
“Lo anterior, sumado a la falta de investigación y de sanciones a los responsables de dichos sucesos, incluso de aquellos en los que participaron fuerzas estatales, constituyen una amenaza para la vida y la integridad física comunidad judía en venezuela”.
De acuerdo con el rabino de Amja, Shmuel Herzfeld, “el gobierno venezolano hubiese tenido que hacernos creer que (esos incidentes) fueron perpetrados por una pandilla de matones pero ese documento con el membrete de la OEA dice lo contrario”.
Amja presentó una demanda para recibir información adicional y Herzfeld espera que ello tendrá lugar en octubre.
El informe dedica dos largos párrafos a un asalto policial, en diciembre de 2007, al Centro Social Cultural y Deportivo Judío de Caracas; el estado venezolano alegó que la irrupción policial tuvo por objeto encontrar “evidencias de carácter delictivo debido a sospechas sobre la comisión de delitos contra el orden público, la comunidad o la seguridad nacional”.
Según el informe de la CIDDH, “la información provista por el Estado respecto de la operación en ese Centro Hebreo es inadecuada para explicar el incidente que ocurrió en la sede de la institución”.
El informe continúa mencionando el crecimiento en los últimos años de una “retórica de tono antisemita” en medios oficiales y de comunicaciones, destaca un discurso de 2005 en el que el Presidente Hugo Chávez acusó a “ciertas minorías , los descendientes de quienes crucificaron a Cristo, los descendientes de los mismos que echaron de aquí a Bolívar y también, en cierta forma, lo crucificaron en su camino hacia Santa Marta, allí en Colombia” para “(apoderarse) del oro del planeta, de la plata, los minerales, el agua, la buena tierra, el petróleo y (concentrando) la riqueza en una pocas manos”.
Esto, combinado con declaraciones similares de otros funcionarios del gobierno, fueron seguido por “expresiones de contenido antisemita en programas de opinión y por medio de artículos, e incluso en medios de comunicación controlados por el gobierno o alineados con él como la Cadena Venezolana de Televisión (VTV)”.
La Comisión de la OEA prometió seguir de cerca los pasos de las autoridades venezolanas “a fin de que no se repitan esos actos de violencia contra la comunidad judía en Venezuela, de que se investigue la verdad de los hechos, y se castigue a los culpables”.